Acción colectiva juvenil y transición democrática en el Ecuador: Formas asociativas juveniles en el gobierno de la “revolución ciudadana”

Compartimos el resumen del documento escrito por René Unda y Presentado en el II Foro ISA.

Durante las tres últimas décadas, la sociedad ecuatoriana ha experimentado distintas formas de movilización social agenciadas por diversos actores cuyas trayectorias y demandas se inscriben en un contexto caracterizado por una crisis persistente del sistema político y de sus instituciones. Dicha crisis, estrechamente vinculada a los cambios y transformaciones de orden económico producidos desde los primeros años de la década del setenta del siglo pasado, ha sido procesada de diversas maneras por grupos más o menos organizados de la sociedad en los que la idea de cambio social ha estado presente a través de prácticas y discursos que los han identificado como una particular forma asociativa.

Crisis de representación, expresada sobre todo en descrédito del sistema de partidos, atrofias e hipertrofias gubernamentales, así como una descomposición generalizada del sistema de la administración pública, constituyen vectores desde los cuales puede plantearse un conjunto de problemas que están a la base de tales manifestaciones y que, inevitablemente, refieren al carácter histórico de las relaciones entre estado y sociedad en el complejo proceso de configuración de la nación ecuatoriana.

En tal contexto, las formas asociativas juveniles han jugado un papel de primera importancia desde la perspectiva de la acción colectiva. La participación e incidencia política, frecuentemente soslayada en periodos anteriores al del gobierno de la Revolución Ciudadana, ha sido crecientemente reconocida y los canales de participación juvenil se han ampliado y diversificado desde 2007 cuando Rafael Correa asume la conducción gubernamental del Estado ecuatoriano. Tal reconocimiento político se reafirma con la aprobación de la Constitución del Buen Vivir en septiembre 2008. No obstante, y pese a que las agregaciones juveniles dicen sentirse reconocidos como sujetos de interlocución por el Estado, abren nuevos frentes de demandas y expectativas que configuran nuevas fuentes de conflictividad en la difícil y prolongada transición democrática del estado ecuatoriano.

Una mirada a la Participación Política en el Ecuador

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El presente texto, escrito por René Unda y Daniel Llanos, pertenece al capítulo de la publicación Movimientos Juveniles en América Latina y el Caribe entre la Tradición y la Innovación, editado por Ernesto Rodríguez , publicado y auspiciado por UNESCO, CELAJU y CENAJU.

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Contexto de la Participación Social en el Ecuador 

Durante las tres últimas décadas, la sociedad ecuatoriana ha experimentado distintas formas de movilización social, agenciadas por diversos actores, grupos, organizaciones y colectivos cuyas trayectorias y demandas se inscriben en un contexto caracterizado por una crisis persistente del sistema político y de sus instituciones. Dicha crisis, estrechamente vinculada a los cambios y transformaciones de orden económico producidos principalmente desde los primeros años de la década del setenta del siglo pasado, ha sido procesada de diversas maneras por grupos más o menos organizados de la sociedad en los que la idea de cambio social ha estado presente a través de prácticas y discursos que los han identificado y caracterizado como una particular forma asociativa.
La crisis de representación se expresa, sobre todo en el desequilibrio y descrédito del sistema de partidos, atrofias e hipertrofias gubernamentales, así como una descomposición generalizada del sistema de la administración pública. Estos elementos constituyen vectores desde los cuales puede plantearse un conjunto de problemas que están a la base de tales manifestaciones y que, inevitablemente, hacen referencia al carácter histórico de las relaciones entre estado y sociedad en el difícil proceso de configuración de la nación ecuatoriana. Con ello se alude, por una parte y de forma general, a algunas de las características descritas y analizadas en varios estudios (Albornoz, 1971; Guerrero, 1999; Quintero y Silva, 1991; Ayala, 1996; Paz y Miño, 2007) según los cuales la sociedad ecuatoriana incuba desde sus orígenes republicanos problemas no resueltos referidos a variantes de dominación colonial, patrimonialismo y autoritarismo; excedente familiarista en detrimento de la formación para la vida pública; precariedad institucional y apropiación privada de lo público; particularismos, corporativismos, entre otros. Por otra, tales referencias en las que se ponen en evidencia las débiles condiciones para la conformación de una sólida relación entre estado y sociedad, abren la posibilidad de una comprensión política más amplia acerca de cómo se instala en diversos segmentos societales la idea y la necesidad de cambio y, consecuentemente, de movilización orientada hacia la consecución de objetivos que expresen los cambios y transformaciones propuestos.

Una sociedad movilizada supone la presencia de dinámicas asociativas en interacción que expresen no solo desencanto y desconfianza frente a la política, a sus instituciones y actores, sino también la posibilidad real de producir nuevos órdenes y sentidos de relación social y política. Las diversas acciones y/o repertorios de acción que desarrollan las distintas formas asociativas movilizadas oscilan, en tal sentido, entre lógicas con unas determinadas cargas de reactividad, creatividad y propuestas dependiendo de las condiciones concretas de un contexto dado. En el intento de establecer un conjunto de pautas organizadoras para un ulterior desarrollo analítico de la participación política de formas asociativas de jóvenes en el Ecuador, cuestión que excede los objetivos del presente artículo, se ha optado por distinguir tres etapas del proceso político ecuatoriano desde el llamado “retorno a la democracia”: a) Periodo comprendido entre 1979-1995, durante el cual los sucesivos gobiernos de Roldós, Hurtado, Febres Cordero, Borja y Durán Ballén, contribuyó, cada uno desde sus particulares formas de conducción gubernamental del estado, a la emergencia y consolidación relativa de un serie de organizaciones y movimientos sociales, en particular del movimiento indígena; b) Periodo comprendido entre 1996 y 2006, desde el gobierno de Bucaram hasta el de Palacio y, probablemente, el periodo de mayor turbulencia sociopolítica experimentado en la historia reciente del país; fase crucial para la emergencia y diversificación de formas y tipos de asociatividades desde las que se enfrenta e impugna un orden de relaciones sociales configuradas desde las políticas neoliberales de aquel momento; c) Periodo comprendido entre 2006 y 2011, que incluye la fase temprana del proceso político de la “Revolución Ciudadana” liderada por el presidente Rafael Correa y en el que se advierte un giro política y culturalmente significativo de las formas de movilización de las asociatividades políticas e identitarias en razón de las transformaciones estructurales que en los órdenes constitucional y político se viene instalando progresiva y dificultosamente en el
Ecuador. Es en la fase reciente del proceso político actual donde interesa ubicar las dinámicas de intervención en la vida pública de las distintas formas asociativas juveniles seleccionadas para esta investigación aunque podría ser necesario, eventualmente, remitirse a ciertas referencias históricas que podrían resultar útiles para una mejor comprensión de procesos y experiencias asociativas desarrolladas por jóvenes.

Formas asociativas juveniles en el contexto de la Revolución Ciudadana

Formas asociativas juveniles en el contexto de la Revolución Ciudadana Entre 2006, año en el que se visibiliza el perfil de la propuesta política de Movimiento País, y 2011, se ha podido constatar en estudios previos (Unicef, 2008; Unda, 2010; Unda y Muñoz, 2011) que las dinámicas movilizatorias de formas asociativas juveniles han configurado un campo de tendencias predominantemente asociadas a la
adecuación funcional a las concepciones y espacios de participación establecidos en el marco constitucional vigente así como en los objetivos y políticas del Plan Nacional para el Buen Vivir, cuestión que no necesariamente significa que determinadas demandas, causas y consignas de ciertas agregaciones juveniles hayan dejado de plantear una abierta confrontación con preceptos constitucionales (problemática del aborto, por ejemplo) y con posiciones oficialistas sobre algunos puntos en disputa como en el caso de la posible explotación de minerales e hidrocarburos y como en el caso de las corridas de toros, por ejemplo.
En estas dos tendencias generales (identificación con el estado y posiciones críticas frente al estado) se inscriben las diversas variantes de asociatividad juvenil, sus formas de organización así como sus estrategias y tácticas de movilización, ejes desde los que se hace posible comprender su participación política.
Para una comprensión adecuada de las formas y modalidades de participación política de personas consideradas jóvenes en la sociedad ecuatoriana es necesario referirse brevemente a ciertos “momentos constitutivos” (Zavaleta Mercado, 1996) de varias de las formas asociativas juveniles desde las que se han desplegado experiencias pioneras y modélicas de organización y gestión política así como de sus configuraciones identitarias. Dichos momentos constitutivos representan la intersección entre un determinado contexto de oportunidades políticas (Aguilera, 2008) y los “acontecimientos” (De Certeau, 1995) producidos por una o más formas asociativas juveniles. Los acontecimientos se constituyen por el conjunto de acciones de diverso tipo y en distintos planos (directa, colectiva, política, etc.) de modo inseparable de un contexto y estructura de oportunidades. La particularidad conceptual de la noción de acontecimiento, que permite comprender los significados que producen las acciones y, a la vez, los modos en los que fueron producidos por distintos sujetos, ofrece también la rica posibilidad metodológica de registro y análisis de participación política de los jóvenes desde sus prácticas políticas y desde sus prácticas culturales o, desde una perspectiva complementaria, desde la forma asociatividad y desde la forma identidad.

En términos empíricos, los principales momentos constitutivos en los que emergen y progresivamente se visibilizan acciones cuyos sujetos protagónicos son jóvenes asociados en modalidades diversas, en el marco de las tres etapas del proceso político demarcado líneas atrás, y que pueden proponerse en aras de una mejor comprensión de sus actuales dinámicas asociativas son:
a) Presencia juvenil de corte insurgente y contestatario mediante prácticas políticas y prácticas culturales durante el gobierno de Febres Cordero, una de cuyas expresiones más visibles fue la del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo; b) Lapso previo al derrocamiento del presidente Bucaram, momento en el que uno de los objetivos de ataque de aquel régimen fueron los jóvenes rockeros donde se visibilizan organizaciones como “AL Sur del Cielo” (Unda,1996); c) 1998-2003, propuesto como un momento constitutivo prolongado, debido, por un lado, a la regularidad de las acciones de movimientos que incidieron en el ámbito de la defensa, promoción y restitución de los derechos de
la niñez y adolescencia (aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia vigente en julio 2003), y, por otro, a la emergencia de formas diversificadas de asociatividad juvenil y demandas desde los jóvenes, cuestión asociada a factores clásicos de orden estructural como el consabido desencanto frente a las prácticas tradicionales de la política así como a la irrupción de nuevas formas de interrelación propiciadas por las tecnologías de última generación desde las cuales se vehiculizan causas y demandas juveniles translocales (Aguilera, 2011); Movimientos Juveniles en América Latina y el Caribe: entre la tradición y la innovación una mirada a la participación política de jóvenes en el ecuador d) La fase de movilización (2006-2008) de una serie de formas asociativas juveniles para participar en el proceso
constituyente de Montecristi, proceso que articuló de modo más orgánico que en experiencias anteriores las iniciativas de agregaciones juveniles con ciertos ámbitos e instancias de la institucionalidad estatal. Cada uno de estos momentos constitutivos ofrece amplias posibilidades heurísticas, analíticas e interpretativas acerca de las trayectorias de las grupalidades juveniles existentes y de las que las anteceden. Sin embargo, lo fundamental se resume en aquello que recubre la experiencia cultural de las distintas formas asociativas juveniles y que las ubica en un terreno común: la idea, discursos y ciertas prácticas que configuran la percepción generalizada
de que vivimos en una sociedad de derechos. Tal señalamiento resulta de particular importancia para comprender desde dónde plantean sus propuestas, cómo se configuran sus intereses, demandas y expectativas, cómo y por qué se organizan de uno u otro modo, a quiénes identifican como aliados o adversarios y qué tipo de recursos movilizan en un determinado momento y contexto.

Participación política desde el campo de estudios de juventud

La participación política de jóvenes en distintos contextos constituye uno de los temas que con mayor frecuencia se ha trabajado en los últimos veinte años en el campo de estudios de juventud (Balardini, 1999; Alvarado, 2010). Las formas en las que la participación política de jóvenes ha sido tratada en tanto objeto de estudio han configurado un campo de indagación marcado por dos tendencias generales: a) las relaciones e interacciones de determinados sectores de jóvenes y de ciertas formas asociativas juveniles (FAJ) en los espacios de la política oficial, del sistema político; b) las acciones y prácticas que determinadas formas asociativas juveniles realizan fuera del ámbito de los
espacios y canales de la política institucional oficial, del sistema político establecido en un contexto particular.

En la primera de las tendencias mencionadas se inscriben una serie de estudios en los que los jóvenes aparecen como un sector poblacional definido en razón de su condición etaria cuyas relaciones e interacciones con el sistema político oscilan entre unas situaciones en las que la participación se produce dentro de los ámbitos establecidos por las instituciones políticas del estado (espacios y canales de los subsistemas de representación, de gobierno y de la administración pública) con la finalidad de determinar las capacidades y límites de reproducción del sistema político, y otras en las que la participación, ubicándose dentro de tales ámbitos, reconfigura el sistema político bajo distintas formas y modalidades (generalmente formas plebiscitarias y acción directa).
El primer polo de situaciones posibles de participación se enmarca en una perspectiva de jóvenes como usuarios/ beneficiarios del sistema político. El segundo, tiene como uno de sus presupuestos fundamentales la capacidad de agencia de los jóvenes para modificar o alterar un determinado estado de cosas.
En la segunda de las tendencias mencionadas, que es donde habitualmente se concentra la mayor parte de estudios sobre participación política de jóvenes, las acciones y prácticas que diversas formas asociativas de jóvenes realizan son vistas como participación política en la medida en que son objeto de registros descriptivos y de desarrollos analíticos e interpretativos desde el campo de la política (vida política y orden político) y que constituyen fuentes posibles de afectaciones del sistema político. La politización de la vida social por fuera de los canales institucionales oficiales de la política constituye el objeto central de análisis que permite indagar en qué consiste la participación política de jóvenes. Cabe advertir que las dos tendencias generales someramente caracterizadas, encuentran variados puntos de intersección dependiendo de las relaciones entre la vida política y el orden político en un determinado contexto.
Las formas más expresivas y performativas de participación política que en cierto momento de la vida política de un país estén ubicadas por fuera del sistema político pueden, en otro momento, ubicarse en los ámbitos establecidos del sistema político. Una de las manifestaciones más evidentes de estos traslapes constituyen los procesos de movilización del movimiento estudiantil chileno (2001, 2006, 2011) o el caso de la movilización antitaurina o prodespenalización del aborto que lleva a cabo la organización Diabluma en el Ecuador desde 2008. También es necesario advertir que en los estudios sobre participación política de jóvenes existen ciertas dificultades
de diverso tipo al momento de definir los límites entre la participación política y la participación social; cuándo la participación social se vuelve política o cómo una determinada demanda entra en un ciclo de politización que, desde los bordes de la política, puede producir afectaciones en los espacios de la política institucional oficial. A efectos de llevar a cabo un estudio cualitativo de la participación política de jóvenes en el Ecuador se adoptó una perspectiva conceptual que condensa varios enfoques teóricos emparentados entre sí y según los cuales la participación social se produce, por una parte, en los ámbitos clásicos de lo social (salud, educación, seguridad y prestaciones sociales, otros producto de la redistribución de la riqueza socialmente producida) y, por otra, como un tipo de participación que se produce por fuera de los ámbitos establecidos como espacios y mecanismos propios de la institucionalidad política (sistema de representación política, sistema de gobierno, administración pública).

La participación política, por su parte, se enmarca en una perspectiva conceptual que incluye el doble movimiento según el cual las acciones, prácticas y discursos de diversas formas asociativas juveniles producen efectos en las prácticas y estructuras políticas constituidas en un determinado contexto y según el cual las distintas acciones se inscriben en el ámbito de la política convencional oficial.
Interesa en este estudio indagar acerca de las formas y modalidades de organización de una muestra teórica e intencionada de formas asociativas juveniles y, en tal dirección, de las formas de acción colectiva, repertorios, militancias y percepciones que en torno de la política producen tales asociatividades. En estos trayectos están necesariamente presentes procesos y experiencias de movilización de recursos que expresan los movimientos tácticos y estratégicos de las formas asociativas juveniles con las que se llevó a cabo la investigación de la que se desprende este artículo y que fue financiada por Agora Democrática. En lo que sigue, se presenta un análisis exploratorio de las características más relevantes de la participación política de mujeres jóvenes en el Ecuador.

Algunos antecedentes sobre la participación política de mujeres en el Ecuador

Examinar la participación política de mujeres en el actual contexto sociopolítico ecuatoriano supone revisar temas fundamentales, tales como la inclusión, presencia-representación y paridad de género (León Magdalena, 2008) en la arena política y en los pliegues e intersticios de las dinámicas de la acción colectiva agenciada, de modos diversos, por distintas formas asociativas de mujeres o desde espacios en los que las mujeres constituyan el sujeto protagónico de tales dinámicas.
En el caso ecuatoriano, temas como los mencionados, pese a tener antecedentes de larga data -como las acciones realizadas por Matilde Hidalgo Navarro84 en el marco normativo y en el contexto social de los años veinte del siglo pasado- solamente pudieron ser discutidos e incluidos en la Carta Magna expedida en 1998, año en el que se decidió integrar y reconocer, formalmente, la participación de las mujeres en el quehacer político nacional, reconocimiento realizado de forma institucional y mediante la promulgación de artículos en la Constitución de aquel entonces. Pero los logros alcanzados a finales de la década de los años 90 del siglo XX, fueron el resultado de más de un siglo de permanentes luchas (Haro, 2003). Sin embargo, pese a los logros y conquistas obtenidos, debemos señalar que el reconocimiento y la real participación de las mujeres en la vida política del Ecuador son, aún, débiles. Históricamente, la configuración de fuerzas sociales y políticas ha girado en torno de una mayoritaria presencia y representación masculina que ha desplazado al segmento poblacional femenino de los cargos de representación institucional y de las esferas decisionales en el espacio público.
En ese sentido, las organizaciones, asociaciones y demás colectivos de mujeres responden y optan por establecer estructuras organizacionales flexibles, abiertas y sin ataduras estatutarias que les limite su accionar originando así nuevas formas de presencia política y, a su vez, estableciendo demandas actuales vinculadas, en gran medida, a demandas de carácter histórico y estructural.

Por otro lado, las formas de participación que los colectivos de mujeres presentan actualmente no se alejan de las acciones que otros colectivos, asociaciones o grupos emplean, a tal punto que la participación de mujeres en la vida política nacional se moviliza por dos vías: i) Vía estado e institucionalidad y ii) Vía sociedad civil con acciones activas y reactivas contestatarias que movilizan y ubican en el espacio de lo público temas que el estado y su matriz patriarcal han dejado de lado en el debate político. La aproximación a sus prácticas concretas permite observar que se producen cruces y encuentros entre una y otra vía, puesto que los trayectos de la participación política implican acciones que, dependiendo de los contextos sociopolíticos y recursos en juego, pueden desbordar uno u otro espacio.

Antiguas y nuevas demandas

La historia más reciente de la participación femenina en la vida política del Ecuador se remonta a la segunda década del siglo anterior, puesto que, es solo hasta 1924 que el Consejo de Estado dictaminó que no existía ningún impedimento legal para que las mujeres ejercieran el derecho a votar (Prieto Mercedes, 2008) reconociendo uno de los fundamentales derechos civiles y políticos que faculta la participación de todo ciudadano en una sociedad que se asume y se reconoce como sociedad democrática.
La apertura y decisión tomada por el Consejo de Estado se convirtió a la postre en la clave que abrió el proceso de participación femenina en la arena política nacional. Este primer logro enfilado a los derechos ciudadanos el motor que impulsó nuevas demandas que se formularon desde las organizaciones de mujeres. Dentro de las aspiraciones más recurrentes se encontraban: a) Reconocimiento a sus derechos laborales, b) Postularse para dignidades y cargos públicos y c) Pertenecer de forma orgánica a los partidos políticos, entre otras. se remonta a la segunda década del siglo anterior: 1924 Derecho a Votar comienza proceso de participación femenina en la arena política nacional impulsa demandas: a) Reconocimiento a sus derechos laborales; b) Postularse para dignidades y cargos públicos; c) Pertenecer de forma orgánica a los partidos políticos, entre otras.

Los años transcurren y varias de las demandas planteadas se han conquistado, sin embargo, surgen problemáticas que aún no han sido tratadas. Por supuesto, las nuevas problemáticas emergen en condiciones de transición o cambio y, habitualmente, responden a las coyunturas actuales. Las principales demandas y expectativas que se plantean en la agenda de discusión actual son: a) Autonomía y soberanía del cuerpo; b) Profundización y ampliación en los procesos de participación y presencia de las mujeres en la vida pública a) Autonomía y soberanía del cuerpo b) Profundización y ampliación en los procesos de participación y presencia de las mujeres en la vida pública, b) Participación política de mujeres c)Nuevas demandas (profundización y radicalización, momentos coyunturales) y c) Antiguas demandas (conquistadas)

Gráfico movimientos juveniles en américa latina

Como se puede apreciar, las demandas planteadas ahora, responden a una dinámica en la que convergen cuatro movimientos con respecto a las demandas tradicionales: a) continuidad; b) ruptura; c) profundización; d)radicalización. Pero al mismo tiempo responden a temas vinculados a agendas supranacionales o globales con un claro sesgo generacional. Por ello, las demandas actuales constituyen, a menudo, puntos de divergencia y controversia al interior de los mismos colectivos, lo que dificulta la estructuración de una agenda común que,con cierto grado de persistencia, direccione sus acciones y demandas. Las discrepancias internas se generan por cuestiones, sobre todo, de corte generacional ya que las demandas de autonomía y soberanía del cuerpo provienen, habitualmente, de los sectores más jóvenes de las organizaciones, mientras que el segmento más adulto de mujeres intenta ubicar en la agenda asuntos clásicos de la participación política (cargos de representación, candidaturas, presencia en esferas de decisión, etc.) en la vida pública. Esta discordancia en el planteamiento y formulación de la agenda, puede ser uno de los elementos que ha provocado que los colectivos femeninos no logren consolidar del todo las demandas relacionadas con la soberanía del cuerpo.

Formas de organización

Una de las hipótesis que ha ido ganando fuerza durante las dos últimas décadas es aquella según la cual los grupos, colectivos o asociaciones de mujeres contribuyen a instalar nuevas formas organizativas entre los sectores movilizados de la “sociedad civil” en razón de que sus acciones responden a demandas específicas e, incluso, particulares que suponen una creciente diferenciación con respecto de aquellas demandas más amplias y generales impulsadas por formas asociativas vinculadas a movimientos de trabajadores, de estudiantes o de asociatividades gremialistas, por ejemplo.

No obstante la relativa potencia de este supuesto, cabe advertir que varias experiencias organizativas de movimientos de mujeres son características de formas asociativas que formulan demandas amplias y generales, como la equidad de género, que, a su tiempo, fueron percibidas como “demandas particulares”. Se trata entonces de situar con cierta precisión el marco socio-histórico en el que las formas de organización de agregaciones y colectivos de mujeres se movilizan y desarrollan acciones de diverso tipo. En efecto, es en el marco específico de las nuevas emergencias y visibilidades sociales de los años setenta y ochenta del siglo pasado que, en el caso ecuatoriano, se experimenta la irrupción de formas asociativas y colectivos de mujeres cuyas demandas se inscriben en lo que varios estudiosos (Laraña, 1999; Melucci, 1994; Ibarra y Tejerina, 1998) han denominado fases de democratización impulsadas desde los movimientos sociales y que han estado directamente vinculadas a procesos en los que se advierte el establecimiento de formas de organización cada vez más difereciadas de los tradicionales movimientos de trabajadores o movimientos de estudiantes para dar paso a formas de organización menos rígidas que respondan a demandas que siendo formuladas por grupos y sectores específicos contengan un alto grado de universalidad, como la aludida equidad de género.
Durante la década de 1980, tales formas organizativas indican ya una progresiva diferenciación de las demandas de movimientos y grupos de mujeres en razón de una serie de distintos factores concurrentes y vinculados entre sí. Entre los principales, cabría reconocer que la retórica de consolidación democrática de aquellos años, finalmente inconsistente, contribuyó a la instalación de un tipo particular de retórica anclada en el discurso de los derechos que fueron, por diversas razones, adquiriendo un carácter más diferenciado y específico según los grupos y actoresque los promuevan y defiendan.
Los cambios estructurales producidos en las relaciones entre estado y sociedad civil, así como las dinámicas de la acción colectiva de diversos movimientos, configuran en las dos últimas décadas escenarios en los que las formas tradicionales de organización (militancias persistentes, filiaciones partidistas y gremiales, preponderancia de presencia física y estructuras marcadamente jerárquicas) parecen diluirse frente a una mayor diversificación de causas y luchas promovidas por colectivos también más diversificados.

En efecto, las formas de organización que han venido instalándose y movilizando recursos desde diversas estrategias y desde diferentes acumulados de capital social, muestran, como tendencia general, nuevas formas de relación entre grupos, colectivos y movimientos de mujeres con el estado y al interior de sus propias organizaciones. Se advierte la vigencia de estructuras flexibles, tendencialmente desjerarquizadas, con liderazgos –fractales- pensados según la situación, conflicto y el tipo de acciones que decidan llevar a cabo. Y, al igual que en formas asociativas y movimientos que no son exclusivamente de mujeres, se demuestra y expresa la fuerza de los actuales procesos globales de individuación, muy cercanos a individualizaciones extremas. Cuestión que dota de mayor complejidad al estudio de las actuales formas de organización de colectivos y movimientos sociales.

Formas de participación

Un análisis sobre las formas de participación supone considerar, al menos, dos fuentes de realización: a) participación propiciada por la vía estado e institucionalidad, y b) participación por la vía de las formas de organización y movilización de la sociedad civil. Cabe reiterar que las mencionadas fuentes de participación son comunes a la gran mayoría de formas asociativas y que configuran siempre matrices de afectaciones recíprocas.

Un antecedente importante de la participación propiciada desde la “vía estado” se ubica en la Constitución Política de 1998, principalmente con el reconocimiento legal de la participación paritaria de las mujeres en los procesos eleccionarios y en cargos de representación política. Este acontecimiento, aunque se presente como un hecho que exprese protagonismo del estado frente a la sociedad, se inscribe en un contexto sociopolítico en el que la movilización de diversos sectores sociales instala gran parte de las condiciones institucionales para que seproduzca dicha Constitución.

Los mecanismos de participación, en tanto resultados de unas ciertas formas de participación y del reconocimiento de tales formas, quedan establecidos en distintos marcos normativos y cuerpos legales. Y, siendo esta cuestión necesaria, es insuficiente si es que no existen las condiciones que permitan el efectivo ejercicio de la participación de las mujeres. De hecho, lo que se produjo a partir de la aprobación de la Constitución de 1998 fue la intensificación de la movilización social expresada, sobre todo, en la recurrencia de la protesta social debido al creciente descontento experimentado por diversos sectores y organizaciones sociales. El estado, en tal sentido, prefigura
formas de participación institucionalizadas que muchas veces no llegan a su plena realización y provoca también formas de participación que, a veces, adoptan modalidades meramente reactivas y, a veces, se expresan mediante modalidades de activismo protestatario.
Con el propósito de establecer un marco analítico apropiado de las formas de participación propiciadas desde el estado, se hace necesario establecer una muy esquemática periodización del proceso político ecuatoriano reciente según varios acontecimientos. De 1996 a 2006, periodo en el que se produce tres derrocamientos presidenciales (Bucaram, Mahuad y Gutiérrez) y emerge un conjunto de demandas de reforma política vehiculizadas por diversas organizaciones y movimientos ciudadanos que convergen principalmente en la conformación de Movimiento País, que promueve la candidatura del actual Presidente, Rafael Correa. De 2007 en adelante, periodo en el que se pone
en marcha el proceso constituyente y la aprobación plebiscitaria de la Constitución del Buen Vivir y, con ella, todo un marco programático institucional desde el que se garantiza la efectiva participación política de organizaciones, entre ellas las de mujeres.

Las formas de participación “vía organización y sociedad civil”, evidentemente vinculadas a las formas de participación propiciadas desde el estado, puesto que se trata de dinámicas de recíproca afectación, se inscriben entre 1996-2006 en lo que las teorías de la acción colectiva han convenido en llamar activismo de protesta. Las formas de participación política adoptan geometrías variables que van desde formas de organización atípicas (no militantes, no presenciales, vía redes sociales, uso de nuevas tecnologías, movilizaciones puntuales de alta
intensidad) hasta formas de coalición/integración de demandas y colectivos que, en un momento dado, agregan fuerzas en una dirección determinada produciendo con ello cambios y transformaciones de un estado de cosas.

Entre 2007 y 2012, con la aprobación de la Constitución del Buen Vivir, los espacios y mecanismos de participación social y política se institucionalizan en clave ciudadana. El carácter garantista de la actual carta constitucional, que en la Constitución de 1998 significó, en gran medida, una mera declaración de intenciones, alcanza importantes concreciones que se traducen, sobre todo, en prestaciones de servicios, uno de cuyos principales sujetos beneficiarios son las mujeres (madres jefes de hogar, jubiladas) y los grupos organizados de mujeres.
Habrá de considerarse, pues, que en una fase de transición democrática, y posiblemente hegemónica, las modalidades, formas y mecanismos de participación adoptan distintas morfologías que, en el caso ecuatoriano, tienen en el momento actual al estado como actor protagónico como producto de dinámicas societales en las que las mujeres han jugado, sin duda, una papel crucial. Y, en esta dirección, lo desafíos y responsabilidades en el ejercicio de sus derechos son, igualmente, cruciales.

Salud Mujeres: un caso de participación política de mujeres jóvenes

Se trata de una forma asociativa juvenil, FAJ, conformada casi exclusivamente por mujeres jóvenes que se definen, política e ideológicamente, de izquierda. La causa que las vincula es la despenalización del aborto, en razón de que esta práctica afecta mayoritariamente a mujeres adolescentes de sectores populares y porque está expresamente prohibida en el marco normativo vigente en el Ecuador. Su lucha, por lo tanto, enfrenta obstáculos de orden constitucional y legal así como un abigarrado conjunto de representaciones sociales en las que predominan connotaciones negativas sobre el aborto, más allá de consideraciones reivindicatorias que impugnan el carácter discriminatorio de tipo clasista, sexista y etario que comporta su prohibición. Esta forma asociativa juvenil, que en ciertas ocasiones se autodefine como un colectivo, se constituye por la convergencia de varios factores.
“En junio del 2008 fue en el tiempo que la gente se comenzó a visibilizar la necesidad de no solo articularnos para una coyuntura específica que era la apertura de la línea entonces ahí éramos cuatro o cinco mujeres que contestábamos la línea y otras mujeres que apoyaban de otra forma pero las que hacían otra acción a parte de contestar la línea no estaban tan involucradas porque solamente tuvimos una semana de acciones todos los días para posesionar el temas de la despenalización del aborto, entonces a partir de eso vimos la necesidad que aparte de vincularse a otras acciones tenían que empezar a vincularse para contestar la línea , entonces ahí empezamos a
capacitarnos algunas mujeres y el colectivo empezó a formarse cuando vimos esa necesidad de estar articulados siempre, ya sea gente de la coordinadora o de otros lados que querían contestar la línea en ese tiempo”.

Aquí las relaciones que se generan son diferentes, somos panas básicamente, entra alguien que era amiga de alguien y así, entonces somos panas. Y una cosa importante para entrar al colectivo es que sea gente de confianza porque lo que hacemos implica confianza no puedes darle el teléfono a una man que va a mandarle a la masa a las chamas que llaman, tiene que ser gente de confianza nuestra que primero les capacitamos sobre cómo dar la información y luego ya les invitamos al colectivo, entonces la mayoría están entre hermanas, entre amigas súper cercanas, es una nota de gente cercana”. “Hay personas que nunca se pensaron el tema, es una amiga tuya que dices “te presento a salud mujeres” y les interesa y les involucras desde ahí y es interesante porque llegan y no es el discurso teórico del problema del aborto
sino como es la cercanía que hay en el tema de aborto y en lo práctico se dan cuenta porque ya contestan la línea y dicen bueno aquí hay un problema”.

Como puede advertirse, los testimonios dan cuenta de que en la constitución de este colectivo de mujeres jóvenes, las relaciones de amistad constituyen el vínculo a partir del cual se van entretejiendo otro tipo de intereses, demandas y expectativas en común que les permite ir dando forma a un conjunto de acciones públicas. Las relaciones de amistad operan como vinculo y es lo fundamental a la hora de la conformación inicial de las formas asociativas juveniles. La amistad, a su vez, va dotándose de contenidos que aluden a los intereses comunes y compartidos, a medida que los jóvenes deciden dónde, cómo y cuándo participar en la dinámica de la vida
pública. El procesamiento de las iniciativas y conflictos se procesa en directa correspondencia con la estructura organizativa del colectivo que, provisionalmente, podría calificarse de “granular” o fractal (Castells, 1998). Así, la dinámica del procesamiento de discrepancias y conflictos internos, así como la planificación de acciones se inscribe en principios generales de carácter democrático (deliberación, búsqueda de consenso, toma de decisiones mediante procedimientos asamblearios basados en mayorías, representación con participación) pero con una variante altamente significativa: los liderazgos son itinerantes, fluctúan y cambian según el tipo de evento y de acción que decidan realizar. Al igual que la absoluta mayoría de las formas asociativas juveniles que participaron en la investigación que da lugar a este artículo, los liderazgos más persistentes se dan en función del capital cognitivo de uno o varios miembros del grupo.
Finalmente, debemos advertir que el caso de Salud Mujeres, es muy significativo para definir las nuevas formas de participación juvenil, sobre todo, porque el repertorio de acciones ha logrado posicionar en lo público un tema controversial para una sociedad como la ecuatoriana. A propósito del repertorio, debemos puntualizar que ha sido de orden performativo acompañado siempre de manifiestos públicos.

Conclusiones

La presencia social y la incidencia política e institucional de una forma asociativa juvenil no guardan relación directa con el número de miembros que la conforman sino con la capacidad de movilización de recursos que sus miembros muestren en situaciones y contextos determinados. Dentro de los grupos estudiados juegan un papel fundamental el capital cognitivo y el capital de prestigio social que sus voceros, líderes o dirigentes acumulen y activen.
Frente a las constataciones y resultados obtenidos en los grupos de discusión y conversación tematizada con las distintas formas asociativas juveniles, queda planteado el debate en torno de la cuestión sobre si los movimientos juveniles son necesariamente movimientos de jóvenes; esto, en razón de la presencia de miembros mayores de treinta años e incluso de cuarenta, en ciertas formas asociativas juveniles. Desde una perspectiva más conceptual y atinente a este estudio, el debate actual en el campo de estudios de juventud sobre condición juvenil y participación juvenil podrá nutrirse desde los resultados obtenidos en esta investigación.
Las principales características de asociatividad de las agrupaciones estudiadas están definidas por vínculos de amistad, adscripción territorial, pertenencia institucional, intenciones de participar e intervenir en la esfera pública y fines asociativos no lucrativos marcados por acciones de solidaridad. En todos los casos, la adscripción territorial (vivienda y socialización escolar) y los vínculos de amistad preceden al resto de tipos de vinculación asociativa.

La adscripción territorial, expresada ente todo en el hecho de habitar un mismo espacio físico, constituye el factor de mayor poder explicativo para comprender las formas y trayectorias asociativas mediadas por relaciones de amistad. En todas las formas asociativas que participaron en este estudio se constata que quienes habitaron o habitan un mismo barrio o parroquia al establecer relaciones de amistad producen la primera condición de posibilidad para la conformación de una determinada forma asociativa. Los “núcleos fundantes” que dieron origen a una cierta forma asociativa juvenil comparten siempre esta característica y los miembros que se han integrado
luego, o habitan la misma zona geográfica o se integran, vía relaciones de amistad, en el espacio territorial de las relaciones escolares.
La pertenencia y filiación institucional, entendida como una forma específica de habitar un territorio físico y simbólico, cuestión de vital importancia en el proceso de socialización de los jóvenes, es también un factor decisivo en el proceso de constitución de una determinada forma asociativa juvenil. La conformación, desarrollo y existencia de las formas asociativas juveniles estudiadas es un proceso en el que las identificaciones producidas en el ámbito escolar dependen en gran medida de los vínculos de amistad que tienen como base afinidades ideológicas que se traducirán luego en intereses, demandas y expectativas más o menos compartidas.

Habitar una misma zona geográfica o un mismo espacio escolar no son en sí mismas condiciones de base suficientes para la constitución de una forma asociativa juvenil. Es imprescindible que exista vínculo de amistad, es decir una relación configurada por intereses comunes o compartidos que, potencialmente, pueden transformarse en consignas reivindicativas, peticiones, acuerdos, demandas, plataformas de lucha, alianzas; es decir, vectores de interlocución que permiten trascender la esfera íntima y personal para ubicar ciertos contenidos en la esfera delo público.

Las formas de organización de cada una de las formas asociativas juveniles comparten, con matices diferenciados, un rasgo común que radica en sus percepciones y valoraciones en torno de la importancia que confieren a la democracia participativa. Esta actitud es mucho más visible en las relaciones al interior de cada grupalidad juvenil que en las relaciones y articulaciones entre distintos colectivos y organizaciones. El sentido que todas las formas asociativas juveniles otorgan a sus acciones gira en torno de varias ideas, emparentadas entre sí, tales como la necesidad de un cambio social, la democratización de la sociedad, la justicia social, la libertad de decidir sobre cuestiones que les afecten, la autonomía personal, la unión, el cuidado del medio ambiente y el ejercicio de derechos.
Movimientos Juveniles en América Latina y el Caribe: entre la tradición y la innovación. Las finalidades de la participación social y política de cada forma asociativa se vuelven más inteligibles y precisas cuando aluden directamente al contenido central de la/s acción/es colectiva/s que configuran sus repertorios. Todas las formas asociativas coinciden en que el contexto político producido durante el gobierno de la “Revolución Ciudadana” abre canales de participación para los jóvenes aunque mantengan posiciones opuestas a las políticas del régimen. Reconocen que la participación juvenil tiende a institucionalizarse más que en otros gobiernos y que podría ser cooptada por lógicas estado-céntricas.

Las nociones políticas de izquierda y derecha siguen funcionando como marcadores ideológico políticos y no se asocian mecánicamente con las ideas políticas clásicas de capitalismo y socialismo. Funcionan, sobre todo, como posibilidades de asociación para la movilización de recursos que se consideran necesarios para el logro de sus objetivos.